En el informe de Lupa por la Vida del primer semestre del 2022, se registraron 9 víctimas de presuntas ejecuciones extrajudiciales en el estado Apure en los operativos contra los denominados por las autoridades, Terroristas Armados Narcotraficantes Colombianos (Tancol), a nivel nacional la cifra se ubicó en 485 personas asesinadas en operativos policiales y militares.
La Misión de Determinación de Hechos ha indicado que tales asesinatos constituyen crímenes de lesa humanidad y siguen manifestando su preocupación por las continuas denuncias de graves violaciones a los derechos humanos en Venezuela.
“Asesinatos consistentes con patrones previamente documentados de ejecuciones extrajudiciales y otras violaciones en el contexto de operaciones de seguridad en barrios urbanos de bajos ingresos en varias partes del país. Estos hechos requieren una investigación más profunda, pero la información disponible indica que estos asesinatos han
continuado a un nivel preocupante”, se resalta en los primeros párrafos del informe sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela
2022.
Según información recabada recientemente, en el estado Apure se presentó el 16 de diciembre del 2022, en el sector La Manga del Río, parroquia Guasdualito del municipio Páez, un presunto enfrentamiento originado tras el secuestro de un ganadero del sector La Ceiba cerca de la población de El Nula. La víctima estaba siendo presuntamente trasladada por el grupo Las Fuerzas Bolivarianas de Liberación (FBL) hasta la zona donde tienen operaciones, los familiares del secuestrado denunciaron de inmediato ante los organismos policiales y se emprendió el operativo integrado por el Comando Antiextorsión y Secuestro de la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela y el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas CICPC.
Producto de este enfrentamiento perdieron la vida tres presuntos integrantes del FBL, de información suministrada por familiares los fallecidos fueron identificados como, Daniel Santana conocido con el apodo de Camilo y otro llamado alias El Laya, sobre la tercera persona asesinada no hay mayores detalles de su identidad o apodo. Las tres víctimas mortales recibieron impactos de bala en tórax, abdomen y rostro.
Artículo 43 de la CRBV “El derecho a la vida es inviolable. Ninguna ley podrá establecer la pena de muerte, ni autoridad alguna aplicarla.
Según, relatos de algunas personas de la comunidad un funcionario del CICPC resultó muerto y dos efectivos más heridos, el hecho causó temor en los pobladores del barrio La Manga del Río ubicado a orillas del río Sarare.
Cualquier operativo policial donde hay aparentemente un secuestro, el deber principal es garantizar la vida de los rehenes y en segundo lugar, el operativo policial cualquiera que sea, debe causar el mínimo daño, así las personas implicadas sean presuntos delincuentes. La LEY ORGÁNICA DEL SERVICIO DE POLICÍA Y DEL CUERPO DE POLICÍA NACIONAL BOLIVARIANA establece, que se debe hacer un uso diferenciado de la fuerza buscando causar el menor daño posible, esto implica en la medida de las posibilidades garantizar el derecho a la vida. Parece una tendencia reiterada, que en los operativos antisecuestros, los secuestradores terminan muertos, así se entreguen ante las autoridades.
Capítulo II
Del uso de la fuerza y el registro de armas
Artículo 68. El uso de la fuerza por parte de los cuerpos de policía estará orientado por el principio de afirmación de la vida como valor supremo constitucional y legal, la adopción de escalas progresivas para el uso de la fuerza en función del nivel de resistencia y oposición del ciudadano o ciudadana, los procedimientos de seguimiento y supervisión de su uso, entrenamiento policial permanente y difusión de instructivos entre la comunidad, a fin de facilitar la contraloría social en esta materia. El traspaso en el uso de la fuerza mortal sólo estará justificado para la defensa de la vida del funcionario o funcionaria policial o de un tercero. Medios para el uso de la fuerza.
No hubo información por parte de ninguna autoridad a pesar de la cantidad de fallecidos en este hecho, lo cual genera la interrogante de cuántos hechos de violencia quedan silenciados y muy posiblemente ni siquiera se abran investigaciones.
