Informe 2022
Policías y militares asesinaron a 824 personas en 2022
Resurgen prácticas abusivas de las Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP)
Introducción
Por tercer año consecutivo presentamos a la población venezolana los resultados del monitoreo realizado a nivel nacional sobre la actuación policial y militar y las presuntas privaciones arbitrarias de la vida como consecuencia de un uso abusivo de la fuerza letal.
Los datos y análisis que se presentan en este informe sobre el derecho a la vida se sustentan en la base de datos construida conjuntamente por la Fundación Centro Gumilla –Centro de Investigación y Acción Social (CIAS) de la Compañía de Jesús en Venezuela– y PROVEA, a través del proyecto Lupa por la Vida.
Las fuentes de este informe son fundamentalmente abiertas, a partir del monitoreo a medios de comunicación en los 23 estados del país y el Distrito Capital; información obtenida a partir de minutas policiales a las cuales se pudo tener acceso, páginas web y redes sociales de ministerios y cuerpos policiales de alcance nacional, estadal y municipal, denuncias hechas directamente por las víctimas en organizaciones de derechos humanos y entrevistas a familiares en algunas morgues del país.
Desde Lupa por la vida apostamos a velar por el derecho a la vida y exigir a las autoridades que en su obligación de garantizar seguridad las políticas, medidas y acciones que se emprendan deben realizarse en el marco de la Constitución y la ley con pleno respeto a los derechos humanos.
Los jóvenes de los sectores populares son las principales víctimas de la violencia institucional. En un contexto de crecimiento de la pobreza como parte de una Emergencia Humanitaria Compleja, nuestra juventud lo que esencialmente requiere son oportunidades para su desarrollo espiritual y para mejorar sus condiciones de vida. Insistimos que las políticas preventivas deben ser el eje principal de una estrategia estatal en materia de seguridad ciudadana.
Tabla de contenidos
Tabla de contenidos
Por tercer año consecutivo presentamos a la población venezolana los resultados del monitoreo realizado a nivel nacional sobre la actuación policial y militar y las presuntas privaciones arbitrarias de la vida como consecuencia de un uso abusivo de la fuerza letal.
Los datos y análisis que se presentan en este informe sobre el derecho a la vida se sustentan en la base de datos construida conjuntamente por la Fundación Centro Gumilla –Centro de Investigación y Acción Social (CIAS) de la Compañía de Jesús en Venezuela– y PROVEA, a través del proyecto Lupa por la Vida.
Las fuentes de este informe son fundamentalmente abiertas, a partir del monitoreo a medios de comunicación en los 23 estados del país y el Distrito Capital; información obtenida a partir de minutas policiales a las cuales se pudo tener acceso, páginas web y redes sociales de ministerios y cuerpos policiales de alcance nacional, estadal y municipal, denuncias hechas directamente por las víctimas en organizaciones de derechos humanos y entrevistas a familiares en algunas morgues del país.
Desde Lupa por la vida apostamos a velar por el derecho a la vida y exigir a las autoridades que en su obligación de garantizar seguridad las políticas, medidas y acciones que se emprendan deben realizarse en el marco de la Constitución y la ley con pleno respeto a los derechos humanos.
Los jóvenes de los sectores populares son las principales víctimas de la violencia institucional. En un contexto de crecimiento de la pobreza como parte de una Emergencia Humanitaria Compleja, nuestra juventud lo que esencialmente requiere son oportunidades para su desarrollo espiritual y para mejorar sus condiciones de vida. Insistimos que las políticas preventivas deben ser el eje principal de una estrategia estatal en materia de seguridad ciudadana.
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Nuestro trabajo de monitoreo arrojó los siguientes resultados:
De las 824 personas asesinadas, 501 (61%) pudieron ser identificadas y 323 (39%) no fue posible identificar. Así mismo, en cuanto a género, 806 (97,82%) fueron hombres y 18 (2,18%) mujeres. Cabe destacar un incremento porcentual de víctimas mujeres al pasar del 1.04% en 2021 al 2,18% en 2022. La mayoría de estas víctimas eran jóvenes de entre 18 y 30 años de edad (66%), que viven en zonas populares.
El año 2022 mostró una continuidad en la disminución del número de víctimas reflejado en el informe 2021. Si bien este aspecto es positivo, no hay razones sólidas para afirmar la existencia de una política de reducción significativa de la violencia policial y militar.
En 2020, se contabilizaron 3.034 víctimas; en 2021, la cifra disminuyó a 1.414 y en 2022, hubo 824. La reducción porcentual entre 2020 y 2021 fue de 46,6 mientras que en 2022, en contraste con 2021, fue de 58,2%.
Porcentaje de víctimas identificadas y sin identificar
Enero - Diciembre 2022
No Data Found
2020 (3.034 víctimas)
2021 (1.414 víctimas)
2022 (824 víctimas)
La reducción porcentual entre 2020 y 2021 fue de 46,6 mientras que en 2022, en contraste con 2021, fue de 58,2%.
Las víctimas y los responsables
Organismos armados del Estado con competencia nacional, estadal y municipal son responsables del asesinato de las 824 personas en 2022. De ellas 501 (61%) pudieron ser plenamente identificadas y 323 (39%) quedaron sin identificación plena.
El organismo más letal fue la Policía Nacional Bolivariana con un total de 196 víctimas, equivalente al 24% del total nacional. De ellas, 36 corresponden a la Dirección Contra la Delincuencia Organizada (DCDO) y 2 a la extinta FAES.
En su conjunto las policías estadales produjeron la muerte de 193 personas (23%). Resaltan por su letalidad como analizaremos más adelante, los cuerpos de policía estadal de Carabobo (49), Zulia (41) y Aragua (22), Yaracuy (17) y Portuguesa (12).
El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) con 142 asesinatos (17%). En estos casos las posibilidades de impunidad son mayores, puesto que las investigaciones, si es que se realizan, les corresponde llevar a este organismo policial. Los mismos que causan la muerte son los que investigan.
Continúa en orden de letalidad la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) con 129 presuntas ejecuciones extrajudiciales (16%) donde la mayor participación la tiene la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) con 111, incluidos 21 por actuación de su Comando Nacional Antisecuestro (CONAS), 12 por el componente Ejército y 2 por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM). Es de resaltar este año que el componente Aviación estuvo involucrado en 4 ejecuciones. El alto número de casos en el cual aparece involucrada la FANB está directamente relacionada con la militarización de las labores de seguridad ciudadana, un aspecto que forma parte central de las llamadas políticas de seguridad ciudadana de las dos gestiones de Nicolás Maduro y que tuvo como punto de partida el denominado Plan Patria Segura.
En total fueron perpetrados 115 asesinatos, mediante operativos de carácter mixto (14%), donde participan simultáneamente varios organismos policiales y militares, y no es posible identificar, con precisión, cuál organismo policial, o componente de la fuerza armada, causa la muerte.
Las policías municipales fueron responsables de 45 presuntas ejecuciones extrajudiciales (6%). Estos organismos que tienen el mandato legal de ser policías de carácter preventivo, siguen asumiendo prácticas de intervención alejadas de su función principal.
El Grupo de Operaciones Estratégicas (GOES), denominada hasta abril de 2022 Brigada Especial contra las Actuaciones de los Grupos Violentos (BEGV), es responsable de 2 asesinatos (0,24%). Este grupo especial creado por el gobierno de Maduro actúa con total opacidad y hace recordar la llamada Manzopol en tiempos del gobierno de Jamie Lusinchi.
Las denominadas Cuadrillas de Paz (CUPAZ), dadas a conocer por Nicolás Maduro el 22.03.19, e integradas principalmente por militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), y que en la realidad son grupos paramilitares sostenidos por el gobierno, y con presupuesto oficial, aparecen responsables de una (1) (0,12%) ejecución. Es preocupante que le sea atribuible el asesinato de una persona a estos grupos que, en principio, no tienen legalmente responsabilidad para el uso de armas y realizar labores de seguridad ciudadana.
Organismos de Seguridad:
Número de víctimas (Total: 832)
Enero - Diciembre 2022
No Data Found
Organismos de Seguridad:
Número de víctimas (Total: 832)
Enero - Diciembre 2022
No Data Found
Organismos armados del Estado con competencia nacional, estadal y municipal son responsables del asesinato de las 824 personas en 2022. De ellas 501 (61%) pudieron ser plenamente identificadas y 323 (39%) quedaron sin identificación plena.
El organismo más letal fue la Policía Nacional Bolivariana con un total de 196 víctimas, equivalente al 24% del total nacional. De ellas, 36 corresponden a la Dirección Contra la Delincuencia Organizada (DCDO) y 2 a la extinta FAES.
En su conjunto las policías estadales produjeron la muerte de 193 personas (23%). Resaltan por su letalidad como analizaremos más adelante, los cuerpos de policía estadal de Carabobo (49), Zulia (41) y Aragua (22), Yaracuy (17) y Portuguesa (12).
El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) con 142 asesinatos (17%). En estos casos las posibilidades de impunidad son mayores, puesto que las investigaciones, si es que se realizan, les corresponde llevar a este organismo policial. Los mismos que causan la muerte son los que investigan.
Continúa en orden de letalidad la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) con 129 presuntas ejecuciones extrajudiciales (16%) donde la mayor participación la tiene la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) con 111, incluidos 21 por actuación de su Comando Nacional Antisecuestro (CONAS), 12 por el componente Ejército y 2 por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM). Es de resaltar este año que el componente Aviación estuvo involucrado en 4 ejecuciones. El alto número de casos en el cual aparece involucrada la FANB está directamente relacionada con la militarización de las labores de seguridad ciudadana, un aspecto que forma parte central de las llamadas políticas de seguridad ciudadana de las dos gestiones de Nicolás Maduro y que tuvo como punto de partida el denominado Plan Patria Segura.
En total fueron perpetrados 115 asesinatos, mediante operativos de carácter mixto (14%), donde participan simultáneamente varios organismos policiales y militares, y no es posible identificar, con precisión, cuál organismo policial, o componente de la fuerza armada, causa la muerte.
Las policías municipales fueron responsables de 45 presuntas ejecuciones extrajudiciales (6%). Estos organismos que tienen el mandato legal de ser policías de carácter preventivo, siguen asumiendo prácticas de intervención alejadas de su función principal.
El Grupo de Operaciones Estratégicas (GOES), denominada hasta abril de 2022 Brigada Especial contra las Actuaciones de los Grupos Violentos (BEGV), es responsable de 2 asesinatos (0,24%). Este grupo especial creado por el gobierno de Maduro actúa con total opacidad y hace recordar la llamada Manzopol en tiempos del gobierno de Jamie Lusinchi.
Las denominadas Cuadrillas de Paz (CUPAZ), dadas a conocer por Nicolás Maduro el 22.03.19, e integradas principalmente por militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), y que en la realidad son grupos paramilitares sostenidos por el gobierno, y con presupuesto oficial, aparecen responsables de una (1) (0,12%) ejecución. Es preocupante que le sea atribuible el asesinato de una persona a estos grupos que, en principio, no tienen legalmente responsabilidad para el uso de armas y realizar labores de seguridad ciudadana.
Organismos de Seguridad:
Número de víctimas (Total: 832)
Enero - Diciembre 2022
No Data Found
Víctimas de violaciones del derecho a la vida por estado
Estas cifras corresponden a las muertes causadas por la fuerza pública, con actuación de diversos organismos policiales y militares en cada estado. Los cinco primeros con mayor cantidad de víctimas fueron: Aragua (135) Miranda (117), Zulia (100) Carabobo (96) y Bolívar (56).
Los estados Aragua y Miranda desplazaron al estado Zulia, el cual durante varios años se caracterizó por ser el estado con mayor cantidad de víctimas.
Es de destacarse la reducción significativa ocurrida en los dos últimos años en el estado Lara. Mientras en 2020, en ese estado, policías y militares dieron muerte a 213 personas, en 2021 asesinaron a 79 y en 2022 a 10.
Actuación de las policías estadales
Los policías estadales con mayor nivel de letalidad
Enero - Diciembre 2022
No Data Found
Persiste una alta proporción de muertes causadas por las policías estadales. Las que registran mayor nivel de letalidad son las policías del estado Carabobo (49) Zulia (41) Aragua (22), Yaracuy (17) y estado Portuguesa (12).
Si bien, en contraste con 2021, cada una de ellas disminuyó la cantidad de personas asesinadas, su actuación es altamente letal y, en la mayoría de los casos, se presume la modalidad de ejecuciones extrajudiciales. En 2021 cada una de ellas causó la muerte de 132, 94, 55 y 23 personas, respetivamente.
Víctimas por actuación de policías y militares
En los 30 municipios del país, donde mayor cantidad de víctimas se produjo por distintos cuerpos de seguridad, se asesinó a 520 personas. Las poblaciones de los municipios Sucre y Lander del estado Miranda son las sufrieron más el uso abusivo de la fuerza letal.
En estos municipios se desplegaron las llamadas operaciones trueno. Le siguen los municipios Valencia, en el estado Carabobo; Maracaibo, en el estado Zulia y Simón Bolívar. en el estado Anzoátegui.
En los 30 municipios del país, donde mayor cantidad de víctimas se produjo por distintos cuerpos de seguridad, se asesinó a 520 personas. Las poblaciones de los municipios Sucre y Lander del estado Miranda son las sufrieron más el uso abusivo de la fuerza letal.
En estos municipios se desplegaron las llamadas operaciones trueno. Le siguen los municipios Valencia, en el estado Carabobo; Maracaibo, en el estado Zulia y Simón Bolívar. en el estado Anzoátegui.
Los cinco municipios con mayor cantidad de víctimas
Enero - Diciembre 2022
No Data Found
Características de las víctimas
La política sistemática y masiva de ejecuciones extrajudiciales ha tenido como objetivo los jóvenes de las zonas pobres. Se presume culpable todo joven que habita en una zona popular.
Cuando policías y militares ingresan a un barrio las personas de género masculino entre 15 y 30 años corren alto riesgo de ser detenidas, maltratadas o ejecutadas. En un país en situación de emergencia humanitaria compleja, con miles de jóvenes excluidos del sistema educativo y de las fuentes formales de empleo, ese riesgo se ha incrementado.
Total de víctimas por rango de edad
De la información que se pudo obtener de las edades de las víctimas se desprende que, como ha sido un hecho histórico por varias décadas, las principales víctimas de la represión son los jóvenes entre los 18 y 30 años, equivalente al 62% del total.
En contraste con el año 2021, se incrementó el porcentaje de víctimas menores de 18 años; es decir, niños, niñas y adolescentes. Mientras en 2021 el porcentaje fue de 2%, en 2022 se elevó a 5%. Ello indica el ensañamiento con el cual se actúa teniendo como objetivo también a los menores de 18 años.
Días y meses con mayor número de víctimas
El día en que mayormente los cuerpos armados del Estado produjeron muertes fue el día martes (20,27%).
En 2021 fue el día jueves, sin embargo, por tercer año consecutivo uno de los días de mayor intervención policial y militar es el jueves (20.15%). En comparación al año pasado, hubo un aumento de la actuación los días domingo. Mientras que en 2021 significó el 6,51% de las intervenciones semanales, en 2022 se elevó a 11,77%.
Se desprende del gráfico que el primer trimestre del año, la política de Estado de uso abusivo de la fuerza letal fue más intensa. Un total de 328 personas (39%), del total de 824, fueron asesinadas por la fuerza pública en ese trimestre. En contraste, el último trimestre registró una baja importante: 115 personas (13%) entre los meses de octubre, noviembre y diciembre. El mes con mayor cantidad de víctimas fue el mes de septiembre con 121 asesinatos y ello está directamente relacionado con la despliegue de las llamadas “operaciones trueno” lanzadas en el mes de abril.
Partes del cuerpo en donde son lesionadas las víctimas
La mayoría de las víctimas de las cuales se pudo conocer el lugar donde recibieron los disparos fueron asesinadas mediante tiros en el tórax. Un patrón de actuación en las ejecuciones es el disparar una o dos veces a las víctimas en el tórax a la altura del corazón o muy cerca. Se busca lesionar pulmones y corazón.
Conclusiones
La actuación de policías y militares alejadas de los estándares internacionales y las normas nacionales, sobre el uso de la fuerza y la presunción de que todo joven pobre es delincuente o un potencial delincuente, produce asesinatos sistemáticos y masivos de jóvenes en zonas populares.
Aunque en los dos últimos años se ha producido una baja en la cantidad de personas asesinadas por policías y militares, no existen indicadores sólidos para considerar que se están adoptando medidas orientadas a superar el uso abusivo de la fuerza letal.
Preocupa que se haya anunciado una reestructuración de la Policía Nacional Bolivariana y no hay información oficial sobre los resultados. Alarma que precisamente durante el lapso del proceso de restructuración la PNB haya sido la más letal de todos los organismos policiales del país, lo cual evidencia pocos avances para garantizar una actuación respetuosa de los derechos humanos.
Desde mediados del 2021 se realizan operativos de seguridad que resucitan prácticas de las Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP) a través de las cuales se perpetraron numerosos crímenes de lesa humanidad entre el 2015 y el 2017.
Persiste la militarización de los mandos de los cuerpos policiales y la participación, cada vez más activa y en funciones de jefatura, de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en los operativos de seguridad ciudadana. a estrategia estatal en materia de seguridad ciudadana.
Recomendaciones para avanzar en la garantía del derecho a la vida
Desmilitarizar los mandos de los cuerpos policiales y las actividades relacionadas con la seguridad ciudadana cumpliendo con el artículo 332 de la Constitución que establece que los órganos de seguridad ciudadana son de carácter civil.
Cesar la criminalización de los jóvenes de los sectores populares y desarrollar políticas públicas que brinden oportunidades de prosperidad y calidad de vida adecuada con una política de seguridad ciudadana que priorice las labores preventivas.
Establecer las responsabilidades penales, tanto de los autores materiales de las violaciones al derecho a la vida como de las cadenas de mando intermedias y superiores de los organismos policiales y militares, en cumplimiento del memorando de entendimiento del Estado venezolano con la Corte Penal Internacional y del mandato del artículo 29 de la Constitución.
Facilitar el ejercicio de la contraloría ciudadana mediante la publicación oportuna de datos y cifras relacionadas con la actuación de cuerpos de seguridad del Estado en operativos de seguridad ciudadana, gestión de manifestaciones y vigilancia carcelaria, a objeto de identificar las circunstancias en las que se producen los fallecimientos de ciudadanos en esos contextos e identificación de los detenidos.
Adoptar las recomendaciones que en materia de seguridad ciudadana y uso de la fuerza han propuesto la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, la Misión de Determinación de Hechos de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
