La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha indicado que la protesta social es un elemento esencial para la existencia y consolidación de sociedades democráticas. Existe una fuerte interconexión entre el derecho a la libertad de expresión y el derecho de reunión y el llamado derecho a la protesta. Desde la lógica de políticas de seguridad nacional, existe una concepción arraigada que considera a la movilización ciudadana como una forma de alteración del orden público o como una amenaza a la estabilidad de las instituciones democráticas. En consecuencia, se usa con frecuencia el uso excesivo de la fuerza con el lamentable saldo de muertos, heridos y detenidos. Reivindicamos el derecho a la protesta pacífica. Protestar no es delito, nadie debería perder la vida ni ser detenido por ejercer sus derechos.