El derecho a la vida es inviolable. Ninguna ley podrá establecer la pena de muerte, ni autoridad alguna aplicarla establece el artículo 43 de la Constitución. La realidad es que la violencia institucional policial y militar en Venezuela arroja como saldo el asesinato de 7180 personas desde enero de 2015 hasta junio de 2021. La mayoría de las víctimas son jóvenes de zonas pobres. La impunidad ante las violaciones del derecho a la vida favorece la alta letalidad con la cual actúan. Se requiere una política integral frente al delito que implique medidas de carácter preventivo que ofrezca oportunidades para los jóvenes, uso progresivo y diferenciado de la fuerza, desmilitarización de las labores de seguridad ciudadana, respeto a los derechos humanos e investigación y sanción a los funcionarios responsables de actos contrarios a la ley y la Constitución.