El gobierno nacional en el marco de operaciones denominadas de seguridad ha realizado aproximadamente siete “Operaciones Trueno”, donde participan diferentes cuerpos armados del Estado tanto civiles como militares con el fin, según las autoridades, de desmantelar bandas delictivas, detener autores de extorsión, entre otros.
Es de destacar que similar a como ocurrió con las llamadas Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP) iniciadas de 2015 a 2017, en esta oportunidad tampoco se ha explicado oficialmente cuál es la estructura de estas acciones en cuanto a las cadenas de mando, el alcance de los propósitos, el tiempo a ejecutar, y la forma de rendir cuentas sobre lo realizado y la razón por la cual se involucran componentes diversos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.
A diferencia de las OLP donde por lo menos el ministro del interior daba reportes periódicos, no siempre creíbles, en esta oportunidad reina la opacidad. Las pocas informaciones son genéricas, emanadas de distintos voceros. No hay un vocero oficial sobre tales operativos.
Preocupa que, como consecuencia de dichas acciones, se están presentando denuncias sobre posibles ejecuciones extrajudiciales. Familiares de víctimas fatales señalan que las personas asesinadas no se “enfrentaron” a las autoridades, sino que fueron ejecutadas por los funcionarios. Igualmente se denuncian allanamientos sin orden judicial y detenciones arbitrarias.
Se mantiene un patrón sistemático y generalizado de violaciones de derechos humanos observado en todo el territorio nacional. La mayoría de las víctimas son hombres jóvenes de barrios y pueblos en edades comprendidas entre los 15 y 29 años de edad.
A continuación, algunos datos puntuales de estos operativos.
Operación Trueno II Yaracuy Mayo 2022
8 hombres fueron asesinados en supuestos enfrentamientos con las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes) , componente adscrito a la Policía Nacional Bolivariana (PNB). Las primeras muertes ocurrieron en el municipio Veroes.
Operación Trueno III Guárico Septiembre 2022
14 presuntos integrantes de la organización delincuencial Tren del Llano fueron asesinados durante la ejecución de la operación Trueno III en los municipios guariqueños Leonardo Infante (Valle de la Pascua), José Félix Rivas (Tucupido) y Pedro Zaraza (Zaraza).
Denuncia:
“Entran a las casas sin tener una orden, revisan toda la vivienda, así como los teléfonos celulares. Si hay personas con antecedentes penales, estén o no vinculadas con la banda Tren del Llano, los ajustician. A todos los están vinculando con la banda y eso no es así. Los funcionarios actúan y luego averiguan. Vienen es a matar”, comentó un informante al medio El Nacional sobre el operativo.
Operación Trueno IV Valles del Tuy Septiembre 2022
24 hombres asesinados durante un despliegue policial y militar. En el operativo policial habrían participado más de 1.600 funcionarios, entre efectivos (PNB), Comando Nacional Antisecuestro (Conas) de la Guardia Nacional Bolivariana, Policía del estado Miranda y el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Crminalisticas (Cicpc).
Indudablemente se puede denominar que ocurrió una masacre en los Valles del Tuy. Se repite el patrón de actuación donde los funcionarios disparan a matar no respetando el derecho a la vida. Una forma de actuar que como bien fue analizada durante el gobierno de Hugo Chávez en el proceso de reforma policial en los operativos la proporción entre muertes y heridos de civiles y muertes y heridos de funcionarios es tan enorme, lo cual indica que no hubo realmente enfrentamientos. Todo hacía presumir, se señalaba en tales estudios, que las personas fueron detenidas y posteriormente asesinadas.
Denuncias:
Familiares de varios de los asesinados denunciaron que fueron ejecutados extrajudicialmente por los funcionarios.
En declaraciones a Monitor de Víctimas, Rosalía, hermana de una de las víctimas, aseguró que su familiar no estaba armado. “La Policía lo asesinó a sangre fría, sin permitirle que dijera una palabra”.
La mujer, quien no quiso revelar su apellido, reconoció que su hermano tenía registro policial, pero cuestionó que no se le respetara su derecho a la vida. “Debieron detenerlo y que un juez decidiera su destino”, indicó Rosalía a las afueras de la morgue de Ocumare del Tuy.
Operación Trueno VII Petare Septiembre 2022
14 hombres y 1 adolescente también fueron asesinados por funcionarios de los cuerpos de seguridad, en dos parroquias del municipio Sucre del estado Miranda, que forman parte del Área Metropolitana de Caracas. La masacre de Petare como se le ha denominado, ocurrió con actos muy coincidentes a los anteriormente descritos: allanamientos sin orden judicial, detenciones arbitrarias y presuntas privaciones arbitrarias de la vida.
Denuncias:
“José Luis Vásquez no tenía nada que ver con bandas, tenía una semana en Petare. No entiendo por qué lo mataron. Lo peor es que no nos van a dejar velarlo, porque lo presentaron como un delincuente y era un pescador que no tenía problemas con nadie”, dijo su hermana.
“A Jackson González (24) lo mataron el martes. Estaba sentado en la entrada de su casa, en el sector La Matica de Maca, cuando llegaron los policías y se lo llevaron, junto a otros dos muchachos, entre ellos, un menor de edad. Los ruletearon toda la noche”, comentó su pariente.
Todos estos operativos con alta letalidad, no respetando el derecho a la vida reafirman lo señalado por la Misión de Determinación de hechos en su Informe de septiembre de 2020:
“Las ejecuciones extrajudiciales no fueron actos aislados, cometidos por individuos que actuaron solos. Existe información sobre una práctica acordada para matar a personas con antecedentes penales incluso si no se resistieron a la detención, incluso para demostrar “resultados” en la lucha contra la delincuencia. Las víctimas fueron seleccionadas a través de verificaciones de antecedentes previas, particularmente antecedentes penales. Se seleccionaron horas y lugares específicos para realizar las operaciones. Se utilizaron vehículos policiales y armas de fuego. Integrantes de la FAES y del CICPC, en sus operaciones respectivas, actuaron conjuntamente y desempeñaron diferentes funciones, para asegurarse de que no hubiera familiares, vecinos u otros testigos presentes, para encubrir el lugar del delito y para simular la “resistencia a la autoridad”.
