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Misión de la ONU determinó que el Estado venezolano cometió crímenes de lesa humanidad a través del SEBIN y DGCIM

Misión de la ONU determinó que el Estado venezolano cometió crímenes de lesa humanidad a través del SEBIN y DGCIM

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La Misión Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU expuso este martes 20 de setiembre su tercer informe relativo a Venezuela en una rueda de prensa internacional.

Será el próximo lunes 26 de setiembre que presentará ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU este extenso documento. Y será en la primera semana de octubre cuando se decidirá la renovación o no de su mandato. Vale recordar que representantes de más de 120 ONG venezolanas de derechos humanos coincidieron en solicitar que siga en el país el trabajo de la Misión Independiente de Determinación de los Hechos.

La delegación que preside la argentina Marta Valiñas precisó que para esta tercera entrega se circunscribieron «en dos temas prioritarios en las investigaciones de la Misión: a) los crímenes de lesa humanidad cometidos a través de estructuras e individuos pertenecientes a los servicios de inteligencia del Estado como parte de un plan para reprimir a personas opositoras al Gobierno; y b) la situación de los derechos humanos en la región del Arco Minero del Orinoco y otras áreas del estado de Bolívar».

También aclararon que «la investigación que dio lugar al presente informe se enfrentó a una serie de limitaciones, en particular cuestiones de seguridad, incluido el temor de las víctimas a posibles represalias. Si bien la falta de acceso al territorio venezolano plantea desafíos, dichas cuestiones de seguridad probablemente limitarían la capacidad de la Misión para llevar a cabo investigaciones efectivas al interior del país».

Vale recordar que el pasado 6 de octubre de 2020, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU prorrogó por dos años más el mandato de la Misión.

En ese sentido, la Misión ha seguido investigando las violaciones graves de los derechos humanos como las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, las detenciones arbitrarias, la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, incluidas las relacionadas con la violencia sexual y de género, cometidas desde 2014, con el fin de combatir la impunidad y garantizar la plena rendición de cuentas de los autores y la justicia para las víctimas.

Crímenes de lesa humanidad cometidos a través de los servicios de inteligencia del Estado (DGCIM y SEBIN)

En este tercer informe anual de la Misión Internacional Independiente de Investigación de la ONU sobre Venezuela se dio a conocer que al menos 122 casos están documentados sobre casos de tortura, violencia sexual y otros tratos crueles que han cometido funcionarios de los servicios de inteligencia del gobierno venezolano.

La ONU concluye que las torturas que se estarían ejecutando en la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) no fueron actos aislados.

Según el organismo internacional, forman parte de una “maquinaria” y “un plan del Gobierno para reprimir la disidencia”, presuntamente orquestada por el gobierno que lidera Nicolás Maduro.

¿Cómo serían las torturas?

De acuerdo al informe presentado, la DGCIM recurría a una serie de métodos de tortura tales como palizas con objetos, descargas eléctricas, asfixia con bolsas de plástico y posiciones de estrés, así como formas de tortura psicológica, como la “tortura blanca”.

Las sesiones podían provocar lesiones físicas graves y/o permanentes, así como graves traumas psicológicos y depresión. La Misión ha documentado casos de pérdida de funciones sensoriales o motrices, lesiones reproductivas y al menos un aborto espontáneo, como resultado de los actos de tortura infligidos por los agentes de la DGCIM.

Los funcionarios de la DGCIM también perpetraron actos de violencia sexual o de género contra militares y civiles detenidos durante los interrogatorios para obtener información, degradarlos, humillarlos o castigarlos.

Dichos actos incluían la violación, las amenazas de violación a las personas detenidas y/o a sus familiares, la desnudez forzada, los tocamientos de los órganos sexuales, las descargas eléctricas o los golpes en los órganos reproductivos y las amenazas de mutilación de los genitales.

La Misión ratificó que «las estructuras de la DGCIM y el SEBIN siguen siendo las mismas hasta la fecha y los patrones de conducta dentro de estos organismos, tal y como ha documentado previamente la Misión, aún persisten.

Varios individuos sospechosos de delitos y violaciones de los derechos humanos continúan trabajando en puestos relevantes dentro de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y la Policía Nacional Bolivariana (PNB), algunos de los cuales obtuvieron ascensos en 2022.

Varios casos se refieren a hechos cometidos recientemente, como en el segundo semestre de 2021 y principios de 2022. Aunque se ha avanzado en el traslado de personas fuera de los centros de detención del SEBIN y de la DGCIM, de conformidad con un Decreto de mayo de 2021, aún quedan por trasladar muchas personas detenidas por motivos políticos».

La Misión determina que Nicolás Maduro es el máximo responsable de la actuación de la DGCIM

Sobre la DGCIM, la Misión investigó el caso de 122 oficiales y exoficiales de la FANB y civiles asociados a ellos, que fueron arrestados, detenidos y torturados por la DCGIM entre el 12 de febrero de 2014 y la actualidad. Los años 2017, 2018 y 2019 fueron el período en que la DGCIM llevó a cabo el mayor número de detenciones.

Según el análisis de la Misión y la información recibida, las autoridades detuvieron a personas disidentes y opositoras al Gobierno, ya fueran reales o percibidas como tales, sobre la base de criterios tales como su presunta participación en complots contra el Gobierno, sus funciones de liderazgo o su potencial de liderazgo, sus roles dentro de la oposición política, sus críticas públicas al Gobierno y, en ocasiones, si podían ser extorsionadas.

En algunos casos, el presidente Nicolás Maduro y otras personas de su círculo cercano, así como otras autoridades de alto nivel participaron en la selección de los objetivos.

La DGCIM recopila información sobre personas objetivo a través de pistas, fuentes militares, una red de informantes, la infiltración en sectores de la oposición o la vigilancia telefónica y digital, a menudo sin ninguna orden judicial.

Las detenciones de objetivos fueron llevadas a cabo por agentes de la DGCIM que actuaron solos, normalmente desde la DEIPC, o con otros agentes de la policía o de la seguridad del Estado. Esta cooperación indica una coordinación a un nivel político superior en dichas operaciones.

La Misión ha documentado numerosas irregularidades durante las detenciones llevadas a cabo por la DGCIM. Estas incluyen la falta de presentación de órdenes de detención, o detenciones sustentadas en pruebas falsas.

La Misión ha documentado varios casos en los que la DGCIM hizo un uso excesivo de la fuerza durante las detenciones, incluso disparando a las personas detenidas. Otra táctica frecuente de la DGCIM fue arrestar u organizar secuestros de familiares para presionar a los objetivos a entregarse.

Según exempleados de la DGCIM y otras fuentes, la DGCIM planta o manipula habitualmente las pruebas para inculpar a los objetivos. Las tácticas incluyen la colocación de armas o propaganda política en los hogares de los objetivos, o el uso de la tortura para presionar a los detenidos para que formulen falsas acusaciones.

La DGCIM hace un amplio uso de la vigilancia telefónica y digital y a menudo manipula las grabaciones para inculpar a los objetivos.

Según exempleados y detenidos de la DGCIM, los funcionarios de la DGCIM asaltaban rutinariamente las propiedades de los objetivos para robar dinero y otros objetos de valor. Varios detenidos también fueron extorsionados durante los interrogatorios, incluso para transferir grandes sumas de dinero a los funcionarios de la DGCIM.

Otros responsables en la DGCIM

Según las investigaciones, la autoridad de más alto nivel de la DGCIM, el director general, Mayor General Iván Hernández Dala, ejerce directamente el mando con todas las direcciones de línea, tales como la DAE y la DEIPC, que, como se ha señalado anteriormente, han estado implicadas en una serie de delitos y violaciones de los derechos humanos.

El director general participa estrechamente en las decisiones operativas de la DGCIM. Tiene mando y control sobre sus subordinados y está al tanto de lo que ocurre en Boleíta. Es responsable de las violaciones cometidas por sus subordinados.

La Misión recibió información de que el director general, a su vez, recibe órdenes directamente del presidente, incluido en relación con quienes deben ser objetivo de las detenciones, aunque estas no se transmitan por escrito para evitar un rastro de papel.

Aunque el director general rara vez participe directamente en las operaciones o los interrogatorios, la Misión recibió información sobre algunos casos en los que ha participado directamente, especialmente en casos de gran importancia.

En una próxima entrega detallaremos los hallazgos que hizo la Misión en torno al comportamiento en estos crímenes de lesa humanidad del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN, estructura policial que la Misión determina también como integrante de la maquinaria represora del Estado venezolano.

Luego, se expondrán los pormenores que investigó la Misión en la dinámica del Arco Minero del Orinoco en donde también están a la orden de día diversas violaciones de derechos humanos en el país.