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Masacre de El Amparo: una herida abierta

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Ya han pasado 34 años desde que ocurrió la masacre de El Amparo, entonces Distrito Páez, en Apure. Catorce pescadores fueron asesinados por un grupo comando de policías y militares en el caño La Colorada, en la frontera con Colombia.

Algunas creen que en este hecho ya se dijo todo, pero aquel 29 de octubre de 1988 los integrantes del Comando Especifico José Antonio Páez, CEJAP, abrieron heridas que a más de tres décadas después no han sanado en los sobrevivientes y familiares de las víctimas.

José Augusto Arias y Wolmer Pinilla se salvaron de milagro. Con ellos apareció la verdad sobre esta violación de los derechos humanos. En estos años ha pasado de todo: judicialización, libertad, indemnización, olvido y recientemente el cambio de tribunales del caso desde la justicia militar a la civil. Esta novedad en el caso reaviva la esperanza de los sobrevivientes y familiares de hacer justicia.

Conversando con el pescador

Con los primeros rayos del sol, tocamos a la puerta de la casa de Wolmer Pinilla, quien en compañía de su esposa nos recibió con un café.

El barrio La Colorada, como le llaman a la estrecha calle donde el gobierno de la época construyó viviendas a las víctimas de la masacre, sirvió como escenario para revivir momentos que no se han borrado de la mente de Pinilla, cada palabra tiene la misma claridad del primer día.

Conocer del cambio de la causa a tribunales civiles le da una luz a Wolmer de obtener la justicia que tanto han esperado por años. Para ellos los responsables de la masacre no pagaron lo suficiente por cometer el asesinato de los catorce pescadores. Sin embargo, el proceso judicial no ha tenido mayor avance desde que se hizo el cambio de tribunales.

“Hace muchos años nosotros estábamos esperando que ese expediente fuera remitido a los tribunales civiles, la mayoría de los que participaron en la masacre de El Amparo no eran militares, este expediente no debió ser tratado en los tribunales militares”, acota el pescador.

Aseguró el sobreviviente que la masacre de El Amparo no fue un error, fue planificada por los organismos de seguridad de la época para justificar recursos y la defensa de la soberanía ante la presencia de presuntos grupos guerrilleros, pero ante la falta de elementos decidieron aprovechar el hallazgo de los pescadores para montar una escena que luego se cayó por el peso de la verdad.

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Engañaron al presidente

“Al presidente de la época Jaime Lusinchi, lo engañaron o fue cómplice de la masacre, él tenía que mandar a realizar una investigación con los tribunales o los congresistas, no decir que el pueblo de El Amparo y los pescadores eran subversivos, yo jamás en la vida he agarrado un arma, mi mamá me formó con valores de trabajo en base al cultivo y la pesca”, aclara Pinilla.

El sobreviviente confía en la actuación del Fiscal General de la República Tarek William Saab que en sus épocas de juventud conoció de cerca el caso de El Amparo e incluso mantenía conversaciones con las víctimas. Ahora desde su posición como fiscal esperan la apertura de un nuevo juicio y condenas para los responsables de la masacre.

Con la masacre de El Amparo se destapó la olla

Resaltó Pinilla que a raíz de la masacre de El Amparo salieron a la luz una serie de hechos donde los cuerpos de seguridad del Estado habían cometido violaciones de los derechos humanos en operativos de seguridad como las masacres de Cantaura (1982) y Yumare (1986).

“Esperamos que este nuevo giro sirva para algo y no se politice el caso, que den un veredicto de verdad, ya estamos cansados de la mentira, yo le digo, dejaré de luchar por encontrar justicia el día que me muera, el dolor por la pérdida de un familiar no se borra, así pasen los años”, exclamó el pescador.

Hoy como hace 34 años Wolmer sigue viviendo de la pesca. En su casa lo encontramos reparando la atarraya para arrancar su jornada.

Aunque pasen los años, de sus recuerdos no se borra ese 29 de octubre de 1988 que le cambió la vida, siempre tiene presente a sus compañeros que perecieron en la masacre.

La mayor reivindicación que esperan del Estado venezolano es un reconocimiento público de la inocencia de las víctimas, acusados por años de ser guerrilleros, además que lo responsables paguen cumplan condena en la cárcel.

Los muertos

José Guerrero, Rigo Araujo, Julio Ceballos, Carlos Eregua, Arin Maldonado, Moisés Blanco, Luis Berríos, Emeterio Vivas, Rafael Moreno, Pedro Mosqueda, José Torrealba, José Puerta, José Torrealba y Justo Mercado, fueron asesinados por policías y militares venezolanos.

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