El director de exigibilidad de PROVEA, Marino Alvarado, le exigió a las instituciones del Estado un estatus sobre la reestructuración de la Policía Nacional Bolivariana, dispuesta el 13 de abril del 2021.
Recordó que mediante el decreto 4.592 se ordenó la reestructuración de la policía y se estableció un lapso de seis meses. Una vez culminado ese lapso, para concretar la reestructuración fue publicada en la Gaceta Oficial No. 42.231 del 11/10/2021, mediante una resolución emanada de la Vicepresidencia de la República con el No. 009/2021.
«El 11 de octubre de ese mismo año se publicó una Resolución emanada de la Vicepresidencia de la República mediante la cual se prorrogaba por seis meses más el lapso para la reestructuración. Terminó en abril de 2022 y nada se ha informado de ese proceso», expresó.
Asimismo, destacó que aunque no fue oficial, el único cambio suscitado en ese lapso de tiempo fue la disolución de las FAES.
«Lo único cierto por vía de hechos, pero no se oficializó, es la disolución del escuadrón de la muerte Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) sin que se haya informado de alguna depuración de esa fuerza… Funcionarios de la extinta FAES son responsables de miles de ejecuciones. Lo que se hizo fue dispersarlos por varias divisiones de la PNB, con sus crímenes a cuestas, buena parte de ellos a la Dirección Contra la Delincuencia Organizada (DCDO)», precisó.
«La seguridad ciudadana está en manos de la PNB»
Finalmente, Alvarado insistió en que este tema no debe ser tratado bajo la sombra ya que es un asunto de interés público.
«La seguridad ciudadana y la vida de millones de personas está en manos de este organismo policial. Es un asunto de interés público», dijo.
