Familiares de la joven cambista tachirense Wendy Mayerlin Benítez Sanguino, asesinada la noche del 29 de octubre de 2021, denunciaron que el femicidio habría sido ejecutado por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana.
La allegada expuso que miembros de la PNB, extorsionan a entre 60 y 70 cambistas que operan en la urbanización Juan Maldonado, en la parte posterior del Terminal de Pasajeros de San Cristóbal, desde hace más de 2 años, con la excusa de dejarlos laborar allí.
Aunque inicialmente el móvil del asesinato de la joven de 25 años se manejó como un robo, las recientes declaraciones de Tatiana Benítez, hermana de la víctima, asoman la posibilidad de que la muerte de Wendy Benítez se perpetró para no dejar testigos, ante la sospecha de que la víctima pudo haber reconocido a los supuestos victimarios. Tatiana relató que cuando los cambistas se trasladaron a trabajar a esa zona (antes lo hicieron casi el mismo tiempo, en el terminal), comenzaron a ser extorsionados por funcionarios de las casi extintas FAES (Fuerzas de Acciones Especiales), una unidad especial de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), que ahora se le conoce como DIE.
Se las llevaron detenidas por negarse a pagar
“El FAES (sic) fueron los primeros en llegar acá. Nos pidieron 5 mil pesos semanal, como una ´colaboración´, que porque estábamos trabajando ilegalmente. Pero muchas personas no podían pagar. Entonces, qué hicieron, pues hace como 4 meses, nos ´arrastraron´, o sea, nos agarraron a todos y nos llevaron (presos)”, contó Tatiana.
Los funcionarios, aunque estaban encapuchados, vestían el uniforme de las FAES. “En camionetas de esas grandes, de las últimas, Runner”, detalló.
En esa oportunidad, los cambistas fueron trasladados a la sede de ese organismo policial, en Paramillo, donde según Tatiana, a uno de sus compañeros le quitaron el dinero que llevaba, mientras que por las mujeres prefirieron que la Fiscalía fuera notificada del procedimiento, instancia judicial ante la que estaban seguras, demostrarían que no hacían nada ilegal.
Ya había ocurrido algo similar, en septiembre de 2020, cuando detuvieron a los cambistas, ante la sospecha que sólo servían de pantalla para el microtráfico de drogas. Después de 20 días, fueron puestos en libertad, sin cargos. Además, les devolvieron 3 millones de pesos colombianos, incautados en el procedimiento.
Politáchira se sumó a las extorsiones
Luego de esta última detención, aseguró Tatiana que la presión y el asedio se incrementó al gremio cambista, pues otras unidades de la PNB, también comenzaron a extorsionarlo, como lo venían haciendo las FAES.
“Después de eso, los mismos de Antidrogas, la DIP, la DIE de Plaza Venezuela (otras unidades de la PNB), hicieron lo mismito. Nos agarraron, a algunos nos quitaban a otros, no; o sea, ya prácticamente veíamos una extorsión. Si no les pagábamos, nos decían: los vamos a mandar a partir, los vamos a mandar agarrar, siempre una amenaza”.
Luego, de acuerdo a Tatiana, funcionarios de la Policía Estadal del Táchira –Politáchira- comenzaron a extorsionarlos, también. Y bajo intimidación, la exigencia monetaria era de mil pesos colombianos, diarios, por persona. La extorsión de ambos organismos policiales, se mantiene, según los denunciantes.
Ataques previos
Previo al homicidio de Wendy Benítez, de 25 años de edad, su entorno amistoso, mujeres cambistas, comenzó a ser objeto de una agresión más frontal, físico.
Muy cerca de donde vivía Wendy, una de sus amigas, fue interceptada, abaleada en una pierna, y golpeada en un ojo con la cacha de un arma de fuego, por dos motorizados que la despojaron de 6 millones de pesos.
Posteriormente, casi un mes antes del homicidio, fue la misma Wendy, la víctima de otro robo, esta vez, de 10 millones de pesos, por dos hombres que, en una camioneta Blazer, la interceptaron cuando iba con Tatiana y otra amiga, en una moto.
Allí, Wendy fue golpeada en la cabeza con la cacha de un arma de fuego. En los tres eventos descritos, tanto las víctimas, como testigos, aseguraron que, la actitud, el porte y hasta el calzado de los victimarios, eran acordes con funcionarios policiales.
Los hechos fueron denunciados. En el primer caso, a las FAES (cuando aún no tenían sospechas de su autoría). Ante ese organismo, entregaron el plomo que le extrajeron de la pierna a la primera víctima. No hubo investigación.
Posteriormente, con el primer ataque a Wendy, acudieron al CICPC e interpusieron la denuncia. No pareció prosperar, pero algunos funcionarios le insinuaron a Tatiana, que, efectivamente, los victimarios podrían ser miembros de las FAES.
El homicidio de Wendy
Cerca de las 7 de la noche del viernes 29 de octubre, Wendy y una compañera con la que vivía en la invasión de Sabaneta, parroquia La Concordia, San Cristóbal, fueron interceptadas por dos hombres en moto.
Apenas notaron el actuar sospechosos de los desconocidos, y con los precedentes de robos presentes, una de las muchachas arrojó al interior de un abasto, frente al cual estaban, las llaves de la moto en la que ambas se movilizaban.
Sin embargo, los pistoleros les ordenaron entregar sus pertenencias: carteras y teléfonos celulares, y ellas accedieron. Pero antes de huir, les dispararon a las dos.
A Wendy, el proyectil le ingresó por el intercostal y le perforó un pulmón, lo que causó su muerte minutos después, en el Hospital Central de San Cristóbal, a donde el Cuerpo de Bomberos de San Cristóbal la trasladó.
Por su parte, Angely Herrera, de 23 años, fue abaleada en el abdomen y la bala salió por la espalda. Afortunadamente, sobrevivió y pasó a ser testigo vital en la investigación que adelanta el Cicpc.
En esta ocasión, los criminales tenían chalecos antibalas; se asegura que, pertenecientes a una de las unidades especiales de la PNB, específicamente las FAES o DIE, como también se identifican. Y se cree que uno de ellos, es el mismo que anteriormente, atacó y robó a Wendy.
Se presume, por tanto, pues no había razón ni justificación para hacerlo, que a las muchachas les dispararon, para no dejar testigos, pues posiblemente reconocieron a los criminales.
