Con el lema, que se hace verdad siempre en su accionar, el P. Alfredo Infante y el abogado Marino Alvarado aclararon este jueves 19 de mayo que en ningún momento el informe de presuntas ejecuciones extrajudiciales de 2021, de Lupa por La Vida, se presentó para atacar a un gobernador en particular.
Las declaraciones del coordinador del área de derechos humanos del Centro Gumilla, y del coordinador de Exigibilidad de la ONG Provea, se enmarcaron como respuesta a la demanda penal que introdujo en su contra el gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava, por el supuesto delito de difamación agravada continuada.
En dicho informe, presentado en marzo de este 2022, se destacó, entre otros datos, que la Policía de Carabobo fue la estadal más letal, al ser responsable de 132 presuntas ejecuciones extrajudiciales.
En ese sentido, indicaba el sacerdote que la visibilización de los 1.414 casos del año pasado no constituye «una campaña en contra de algún gobernador particular. No es algo personal contra el gobernador Lacava. Es una campaña a favor de la vida, de los derechos humanos».
Infante enfatizó que ambos defensores de derechos «somos inocentes», al tiempo que aseguró que «no es delito exigir que se investigue a las cadenas de mando».
Dijo que era necesario identificar si en la entidad hubo o no ejecuciones extrajudiciales y que en todo caso lo que tendría que hacer cualquier autoridad era abrir los espacios y los mecanismos para que se investigue a los presuntos responsables de estas muertes.
Infante instó a los gobernantes a no aplicar de inmediato la «solidaridad automática» hacia sus funcionarios de seguridad cuando se hacen este tipo de denuncias.
Recordó que los familiares de las víctimas tienen derecho a la justicia, a la verdad, a la protección.
El párroco de La Vega, en Caracas, insistió que desde Lupa por La Vida se busca acompañar a los familiares de las víctimas de las ejecuciones extrajudiciales en todo el país.
También instó a «detener la criminalización de los sectores populares», y en lo particular a los jóvenes de estas barriadas.
«Más del 90% de las víctimas de 2021 son jóvenes de clases populares, y esta criminalización que viene ocurriendo desde hace mucho tiempo, decir que todos los jóvenes de nuestras comunidades son delincuentes, en las comunidades lo que hay es una mina de humanidad», precisó Infante.
Manifestó que desde Lupa por La Vida están abiertos al diálogo, a la cooperación «y la respuesta como gobernador debería ser la de agradecer por el alerta y proceder a las investigaciones».
Finalmente, el sacerdote reiteró que la Iglesia católica seguirá elevando su voz de protesta y en resguardo de los derechos humanos.
Recomendaciones para el Estado
El coordinador de exigibilidad de Provea, Marino Alvarado, aclaró que hacer visibles estas actuaciones no debe ser visto como un delito.
Aprovechó el momento para recomendarle a las autoridades de todo nivel que se conforme una comisión integrada por el Delegado de la Defensoría del Pueblo en Carabobo, el Fiscal Superior de esa entidad, una representación de la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, una comisión de la gobernación del Estado e integrantes de Provea y Centro Gumilla para avanzar en las investigaciones sobre las presuntas ejecuciones extrajudiciales cometidas en la región en el 2021.
También sugirió que «en lugar de criminalizar nuestro trabajo, abra espacios para avanzar y conocer qué es lo que ha pasado».
Igualmente recomendó al alto gobierno diseñar e implementar políticas públicas tendientes a reducir los hechos privativos del derecho a la vida.
Exhortó de igual manera al Ministerio Público, y en concreto al Fiscal General Tarek William Saab, a asumir su responsabilidad de facilitar las investigaciones sobre estos casos.
Similar llamamiento hizo al Defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz.
Tanto Alvarado como Infante coincidieron en proponer que se avance en la reforma policial y que se le ofrezca a los funcionarios policiales una debida formación en materia de derechos humanos y una mejor calidad de vida.
Ambos activistas serán representados en su defensa por el reconocido abogado penalista Joel García, a quien no se le permitió juramentarse en el Circuito Judicial Penal de Caracas.
Deberá hacerlo en los próximos días en el Tribunal Tercero de Control del estado Carabobo, instancia ante la cual se introdujo la demanda.
