Este viernes 7 de octubre, y luego de varias interrupciones, por mayoría de votos el Consejo de Derechos Humanos de la ONU decidió aprobar la renovación del mandato de la Misión Independiente de Verificación y Determinación de los Hechos por un nuevo período de 2 años.
El proyecto de resolución, identificado como L.41, fue presentado con el patrocinio de 48 países, y contó con 19 votos a favor, 23 abstenciones y 5 votos en contra.
Como era de esperarse, la delegación del gobierno venezolano que representa Nicolás Maduro no solo votó en contra de la resolución sino que además denunció que se trataba de una «estrategia criminal» en contra de la república bolivariana de Venezuela.
Vale recordar que el pasado 26 de setiembre la Misión, que preside la argentina Marta Valiñas, presentó el tercer informe sobre Venezuela en el que afirma que al menos 122 casos están documentados sobre casos de tortura, violencia sexual y otros tratos crueles que han cometido funcionarios de los servicios de inteligencia del gobierno venezolano.
La Misión concluyó que las torturas que se estarían ejecutando en la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) no fueron actos aislados.
Según el organismo internacional, forman parte de una “maquinaria” y “un plan del Gobierno para reprimir la disidencia”, presuntamente orquestada por el gobierno que lidera Nicolás Maduro.
Los detalles de la resolución
En la decisión el Consejo de Derechos Humanos de Naciones precisa lo siguiente:
Haciendo notar con aprecio la decisión adoptada de establecer una oficina de la
Fiscalía de la Corte Penal Internacional en la República Bolivariana de Venezuela, y
alentando a la República Bolivariana de Venezuela a que coopere plenamente con dicha
oficina, especialmente en el contexto de la investigación abierta por la Fiscalía de la Corte
Penal Internacional, y observando los primeros pasos positivos que se han dado a este
respecto,
Afirmando su profunda convicción de que solo puede haber una solución pacífica y
democrática a la crisis actual de la República Bolivariana de Venezuela y de que esa solución
incumbe al pueblo venezolano, sin ningún tipo de injerencia extranjera en el plano militar,
de seguridad o de inteligencia, y requiere la celebración de elecciones presidenciales y
parlamentarias libres y limpias, de conformidad con las normas internacionales, y expresando
apoyo a las gestiones diplomáticas pertinentes al respecto, como las conversaciones en curso
en Ciudad de México,
- Condena enérgicamente todas las vulneraciones y transgresiones del derecho
internacional de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela, algunas
de las cuales, según la misión internacional independiente de determinación de los hechos, pueden constituir crímenes de lesa humanidad; - Insta a la República Bolivariana de Venezuela a que aplique de forma plena e
inmediata las recomendaciones recogidas en los recientes informes de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y de la misión internacional
independiente de determinación de los hechos, y lamenta que la mayoría de las
recomendaciones formuladas en sus informes anteriores4 no se hayan aplicado; - Expresa profunda preocupación porque la continua erosión del estado de
derecho, la inseguridad de la permanencia en los cargos, la falta de transparencia en el
proceso de nombramiento de jueces y fiscales, la precariedad de las condiciones de trabajo y las injerencias políticas, incluido el reciente nombramiento de magistrados del Tribunal Supremo que carecen de independencia, siguen socavando la independencia del sistema de justicia, contribuyen a la impunidad y a la persistencia de las violaciones y transgresiones de los derechos humanos, inciden en el acceso de las víctimas a la justicia y obstaculizan la celebración de elecciones libres y limpias; - Condena enérgicamente los actos generalizados de represión y persecución
selectivas por motivos políticos, como el uso excesivo de la fuerza, las detenciones
arbitrarias, la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzadas, cometidos por las fuerzas de seguridad e inteligencia, así como la injerencia en la autonomía y la composición de diversos partidos políticos, y deplora las actuales restricciones del espacio cívico y democrático; - Insta a la República Bolivariana de Venezuela a que adopte medidas adecuadas
para hacer frente a las violaciones y transgresiones de los derechos humanos denunciadas,
tales como actos de violencia y acoso, incluidos actos de violencia sexual y de género,
cometidos contra las mujeres y las niñas detenidas; - Insta también a la República Bolivariana de Venezuela a que libere
inmediatamente a todos los presos políticos y a todas las demás personas privadas de libertad de manera ilegal o arbitraria, dando prioridad a las que se encuentran en situación de vulnerabilidad; - Expresa profunda preocupación por la situación de los derechos humanos y el
medio ambiente en la región del Arco Minero del Orinoco, en donde existe explotación
laboral de los mineros, así como trabajo infantil y trata de personas, y expresa especial
preocupación por las violaciones y transgresiones de los derechos de los pueblos indígenas de la región; - Exhorta a los partidos de la República Bolivariana de Venezuela a que pongan
en marcha sin demora o apoyen un proceso que posibilite la celebración de elecciones
presidenciales y parlamentarias libres e imparciales, con un consejo nacional electoral
independiente y un Tribunal Supremo imparcial e independiente, así como la plena libertad de prensa y la participación política sin trabas de todos los venezolanos y todos los partidos políticos, sin temor a consecuencias o injerencias, respetando las normas internacionales y los derechos civiles y políticos; - Solicita al Alto Comisionado que siga vigilando la situación de los derechos
humanos en la República Bolivariana de Venezuela, informando al respecto y
proporcionando cooperación técnica con miras a mejorarla, entre otras cosas mediante la
presentación de informes verbales actualizados al Consejo de Derechos Humanos en sus
períodos de sesiones 52º y 55º, seguidos de diálogos interactivos, y solicita también al Alto Comisionado que presente un informe exhaustivo por escrito sobre la situación de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela, que incluya una valoración detallada de la aplicación de las recomendaciones formuladas en los informes anteriores del Consejo, en sus períodos de sesiones 53º y 56º, seguido de un diálogo interactivo; - Decide prorrogar el mandato de la misión internacional independiente de
determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela, como se establece en la resolución 45/20 del Consejo de Derechos Humanos, por un período de dos años, con miras combatir la impunidad y asegurar la plena rendición de cuentas de los autores y la justicia para las víctimas, y solicita a la misión que presente un informe verbal actualizado sobre su labor en un diálogo interactivo que tendrá lugar en los períodos de sesiones 52º y 55º del Consejo, y que presente un informe sobre sus conclusiones al Consejo en un diálogo interactivo que se celebrará en sus períodos de sesiones 54º y 57º; - Insta a las autoridades de la República Bolivariana de Venezuela que cooperen
plenamente con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la misión internacional independiente de determinación de los hechos, les concedan acceso inmediato, pleno y sin restricciones a todo el país, también a las víctimas y los lugares de reclusión, les proporcionen toda la información necesaria para cumplir sus
mandatos y velen por que todas las personas puedan acceder sin trabas a las Naciones Unidas
y otras entidades de derechos humanos y comunicarse con ellas sin temor a represalias,
intimidación o ataques; - Solicita que se proporcionen a la Oficina del Alto Comisionado y a la misión
internacional independiente de determinación de los hechos todos los recursos necesarios y todo el apoyo administrativo, técnico y logístico necesario para el cumplimiento de sus respectivos mandatos; - Alienta a los procedimientos especiales pertinentes del Consejo de Derechos
Humanos a que presten especial atención, en el marco de sus respectivos mandatos, a la
situación de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela, e insta a las
autoridades de la República Bolivariana de Venezuela a que cooperen plenamente con su
labor, entre otras cosas facilitando las visitas al país; - Decide seguir ocupándose activamente de la cuestión.
