Familiares de Gruseny Antonio Canelón Scirpatempo no fueron notificado de estas detencione
Karina Peraza Rodríguez/@KaryPerazaR
Gruseny Antonio Canelón Scirpatempo, conocido como Tony Canelón, fue una de las 20 víctimas que murieron en contexto de manifestaciones durante el 2017 en Lara, su historia de terror y tortura, la pudo narrar él mismo antes de morir.
Por su crimen fueron investigados los funcionarios de la Guardia del Destacamento 121 y a través de la Fiscalía 21 de Derechos Fundamentales, que estaba a cargo de Carlos Muñoz en aquel entonces solicitaron 14 órdenes de capturas en contra de efectivos militares por su presunta responsabilidad en el crimen de Tony Canelón.
Carlos Torrealba Gamarra, Juez de Control 7, emitió las ordenes de captura el 18 de abril del 2017, bajo el número de oficio 4071 y llegó a manos del Fiscal 21 el miércoles 19 de abril a las 6:55 pm, cuando la firmó como recibida.
Posteriormente se notificó al Comando de Zona 12 para que los funcionarios fueran entregados, pero todo lo contrario estos fueron protegidos y trasladados hacia la ciudad de Caracas, desde ese momento no se supo más de ellos.
Tarek William Saab, en ese momento era Defensor del Pueblo y solicitó a las autoridades a través de su cuenta de twitter que “los funcionarios fueran puestos a orden del juez de forma inmediata”, pero esto tampoco ocurrió.
A los meses Saab fue designado como Fiscal General a través de la Asamblea Constituyente y al llegar a ese cargo, también se le olvidó el caso de Tony Canelón pasaron cuatro años y aunque sus familiares continuaban exigiendo justicia nunca hubo una respuesta.
Por el contrario alguno de los militares señalados fueron ascendidos.
Luego de la que la Corte Penal Internacional (CPI) pusiera los ojos ante Venezuela, quien está siendo investigada por los delitos de lesa humanidad ocurrido en el país, los casos de asesinados en manifestaciones están siendo abiertos. Al parecer el de Tony Canelón es uno de ellos, y es de resaltar que este caso fue documentado y denunciado ante instancias internacionales.
De los 14 GNB a quienes se les practicó la orden de aprehensión se pudo conocer que Jackson James García García, quien era sargento segundo, falleció a consecuencia de un cáncer. Este mismo año en el mes de octubre a la hermana de Tony le llegó una notificación de comparecencia ante un juicio en contra de: Orangel David Morán Sánchez, quien fue imputado por homicidio calificado con alevosía y motivo innoble en grado de coautoría, uso indebido de arma orgánica, privación ilegítima de libertad y trato cruel.
A los familiares de Tony les extraña todo esto porque el asunto el que aparece en la citación no es el mismo de Tony, más sin embargo es uno de los señalados.
De la misma forma por fuentes del Ministerio Público se conoció que María Zambrano, Fiscal Nacional 85 del Ministerio Público se encontraba en Lara y es precisamente ella quien está llevando el caso de Tony Canelón, este 19 de noviembre desde el Destacamento 121 de la GNB fueron trasladados hasta los tribunales larenses, los 12 militares que faltaban por aprender del caso de Tony Canelón.
Los mismos fueron identificados como: el Capitán Wilfredo Ramón Pirela, funcionario de mayor rango y quien aparentemente estaba al mando de la comisión, Pastor José Oviedo Mariño, Jorge Luis Chirinos Perozo, Lucindo José Parra Mendoza, Edixon Antonio Silva Almao, Wilmer Alberto Arriechi López, Carlos Enrique Urbaneja Villamizar, Marcos Gabriel Sánchez Peroza, Alí Froilan Meléndez Muñoz, Yomar Alexis Pérez Camacaro, Yanin Alejandro Vera Rodríguez y José Ángel Rodríguez Pérez.
Fue la juez 7ma de control Ana Tovar, quien conoció el caso y privaron de libertad a los guardias y fueron imputados por: Homicidio calificado por motivos fútiles e innobles, tratos crueles, abuso de autoridad, uso indebido de arma orgánica y privación ilegítima de libertad.
Una vez más la familia de la víctima queda sorprendida por el hecho, porque no han recibido notificación alguna, se están enterando por terceras personas y aunque hoy 13 de los 14 están detenidos no sienten ninguna alegría.
“Eso es un parapeto por lo de la CPI, sabemos que después los pueden soltar, no sabemos si están cómodos y además falta la cadena de mando”, manifestó uno de los familiares de Tony quien no quiso identificarse y quien reitera que el dolor de su muerte y todo lo que los hizo sufrir el Estado nadie lo repara.
Trascendió que hasta ahora los militares permanecen en la sede de la GNB de Lara.
La tortura de Tony
Tony como lo conocía todo el mundo, fue detenido el 11 de abril por un grupo de la Guardia Nacional, fue trasladado hasta el Destacamento 121, según relató fue ayudar a una persona herida que estaba en el elevado Bellas Artes de Cabudare y allí se topó con un GNB que le disparó en un costado a menos de un metro de distancia, posteriormente a él y otros seis detenidos los llevaron hasta debajo del elevado y los golpearon.
Pasaron unos minutos y los GNB montaron a los detenidos entre esos Tony al camión, el joven pensó que a él lo llevarían al Hospital Militar por estar herido y así lo hizo saber a través de una nota de voz que pudo enviar a un amigo, en la que también pedía ayuda, pero los militaron solo le prestaron el auxilio a otro castrense a él se lo llevaron para el Destacamento.
Tony relató que aunque se quejaba por el disparo, los militares lo arrodillaron lo golpearon y lo patearon y no bastando con eso dentro de las instalaciones militares le dispararon en una segunda oportunidad en el sitio donde ya estaba herido, fue allí cuando el joven se desplomó, aun así los militares lo sacaron hasta la emergencia del Hospital Central Antonio María Pineda de Barquisimeto 40 minutos después.
El doctor Jesús Guarecuco, quien para aquel momento era el presidente de la Sociedad de Médicos Internos y Residentes (Somir), fue uno de los que recibió a Tony en el centro asistencial y quien escuchó toda la historia de terror de Tony, certificó las dos heridas y fue quien estuvo pendiente de la salud del joven de 32 años de edad.
Tony estuvo dos días hospitalizado el 13 de abril murió, convirtiéndose en la tercera víctima que moría en el contexto de manifestaciones.
